CERTEZA JURÍDICA Y EL DOCUMENTO
PÚBLICO ADMINISTRATIVO
Sala Constitucional N° 594 –
5/11/2021
Publica
Abg. Rafael Medina Villalonga
“Ello
así, es de destacar que los movimientos migratorios emanados del Servicio
Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), son verdaderos
documentos públicos administrativos, que son aquellos realizados por un
funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, que
constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de
ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos
constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones,
suspensiones, sanciones, entre otros), o bien constituyen manifestaciones de
certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su
vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones,
verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario
administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y
legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y
ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, por lo que deben considerarse ciertos hasta
prueba en contrario.” (cfr. RIVERA MORALES, Rodrigo.
Actividad Probatoria y Valoración Racional de la Prueba. Librería J. Rincón
G. Barquisimeto, Venezuela. 2010. pp. 380 y 381).
De lo
anterior se desprende, que los movimientos migratorios emanados del Servicio
Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), viene a ser un
documento público administrativo, con presunción de legalidad hasta tanto
exista prueba en contrario, la cual deberá producirse a través del
procedimiento legal pertinente, de allí en el presente caso, contrario a lo
aducido por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el
juzgador no pueda negarse a valorarlo (vid. sentencia de esta Sala
Nº 1410/2014).”